El 'totalitarismo' catalán pasa por la subvención de los medios y la docilidad de los jueces. El titular de lo contencioso-administrativo de Lérida se resiste al rodillo.
Todo gobierno que aspira a régimen sabe que la estrategia pasa por el control del poder judicial. Es la praxis del gobierno catalán: primar al dócil y sancionar al díscolo. ¿Y quien es el díscolo? El titular del juzgado único de lo contencioso-administrativo, José María Magán Perales. Es catalanoparlante, pero no acepta una imposición lingüística contraria a la interpretación del Tribunal Constitucional del polémico Estatut. Dicha sentencia señala que ninguna lengua puede considerarse prioritaria. El uso indistinto del castellano o del catalán es un derecho del ciudadano. La Administración debe contestar en el idioma elegido por el ciudadano para que se preserve la tutela judicial y sus derechos lingüísticos.
La Generalitat incumple sistemáticamente. Y el juez Magán lo dice. Hasta lo denuncia. La asociación Soberanía i Justicia ha pedido directamente a la consejera de Justicia, que denuncie los presuntos abusos del juez ante el CGPJ. Ella ya ha decidido que el juez Magán es persona non grata. Incluso ha llegado a pedir en el diario nacionalista Avui mayor celeridad al CGPJ para que le sancionen.
Y lo peor: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también. Y ya ha recibido tres sanciones: una de 3.000 y dos de 1.500.
El juez Magán lleva apenas dos años y medio en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Lérida. Pero le ha dado tiempo a vivir todo un calvario. Una de las estaciones fue la presión de la sala de gobierno del Superior de Justicia de Cataluña para que retirara el crucifijo. La presencia del crucifijo no atentaba a la libertad religiosa ni era contraria a un estado aconfesional como el nuestro.
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